A partir de los cambios constitucionales propuestos por el Gobierno Federal en 2013, el sector energético mexicano fue reformado. La reforma tuvo como objetivo ampliar la participación privada, nacional e internacional, en la producción de hidrocarburos y electricidad, y posibilitar la creación de un mercado de energía en el país. Uno de los resultados más relevantes de la reforma es la Evaluación de Impacto Social (EvIS) y de Consulta Indígena, la cual deberá ser implementada por los desarrolladores de proyectos energéticos en México. Esto representa un cambio de paradigma en el desarrollo del sector energético y un progreso importante para el país.

En la actualidad, las condiciones de competencia económica a nivel internacional hacen necesario que todas las empresas, incluyendo las públicas, se vean obligadas a elevar su eficiencia y productividad. Derivado de ello, en 2013 el Gobierno Federal presentó una serie de reformas constitucionales en materia energética, con el objetivo de ampliar la participación del sector privado, nacional e internacional, en la producción de hidrocarburos y electricidad y posibilitar la creación de un mercado de la energía en el país. Los principales argumentos planteados por el Gobierno Federal a favor de dichos cambios fueron: lograr el desarrollo económico e industrial y una seguridad energética que contribuya al desarrollo sustentable en el país. Uno de los resultados más relevantes de la reforma energética es la introducción de los procesos de Evaluación de Impacto Social y de Consulta Indígena. Estos procesos representan un cambio de paradigma en el desarrollo del sector energético y un progreso importante para el país. De acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el respeto a los derechos humanos es hoy una responsabilidad fundamental del sector privado cuando éste desarrolla proyectos de grandes magnitudes.

La EvIS surgió en los años 1970, al mismo tiempo que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en respuesta a los requisitos formales de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) de 1969 de EE.UU. Comúnmente, la EvIS se elaboraba como parte de la EIA, pero con el tiempo se separaron debido a una mayor comprensión de las diferencias fundamentales que existen entre los aspectos sociales y los aspectos biofísicos; asimismo, porque su efectividad para mejorar los resultados para las comunidades afectadas se maximizaría si fuera relevante para los proponentes (autores de proyectos del sector público y privado) que inician e implementan proyectos.

En términos generales, la EvIS se refiere a los procesos de identificación, análisis, monitoreo y gestión de las consecuencias sociales intencionadas y no intencionadas, tanto positivas como negativas, de las intervenciones planificadas (políticas, programas, planes y proyectos de desarrollo) y cualquier proceso de cambio social invocado por esas intervenciones. Si bien se emplea como mecanismo para predecir impactos sociales y como instrumento para que las entidades regulatorias decidan expedir permisos o licencias, es igualmente importante en la gestión continua de dichos impactos durante todo el ciclo de desarrollo del proyecto, desde su concepción hasta la etapa posterior al cierre.

De acuerdo con los Principios internacionales de la EvIS, los Impactos Sociales (IS) incluyen todos los aspectos asociados con una intervención planeada (esto es, un proyecto) que afectan o involucran a las personas, ya sea directa o indirectamente. Específicamente, un IS es algo que se experimenta o se siente, en el sentido perceptual (cognitivo) o corporal (físico) a todos los niveles, por ejemplo, a nivel de la persona como individuo, de unidad económica (familia/ hogar), de grupo social (círculo de amigos), de lugar de trabajo (una empresa o entidad de gobierno), o más generalmente de comunidad/sociedad. Estos diferentes niveles se ven afectados de diferentes maneras por un impacto o por una acción que causa impacto.

En términos generales, se puede decir que casi cualquier cosa puede potencialmente ser un impacto social siempre y cuando sea valorado o sea importante para las personas y sus formas de vida. Una manera conveniente de conceptualizar los impactos sociales es como cambios en aspectos, tales como la forma de vida de las personas, su cultura, su comunidad, sus sistemas políticos, su entorno, su salud y bienestar, sus derechos personales y de propiedad y sus temores y aspiraciones, principalmente. Esto significa que no se puede partir de una lista de control de impactos sociales potenciales, sino que deben ser identificados a partir de una concientización del proyecto y un entendimiento de las afectaciones del proyecto a lo que es importante para sus actores.

La importancia de la EvIS en los proyectos energéticos en su etapa previa radica en su utilidad para promover el acercamiento entre las partes interesadas y abrir canales de comunicación, identificar los impactos que deriven de la actividad, estimando las medidas para mitigarlos y compensarlos; que culmine en la apropiación del proyecto por parte de las comunidades, para garantizar la sustentabilidad durante su vigencia, ya que se trata de desarrollos que pueden durar entre 25 y 30 años.

La Figura ilustra un ciclo de proyecto típico e identifica el rol potencial de la EvIS en cada fase.

En México, la presentación de la Evaluación de Impacto Social ante la Secretaría de Energía (SENER), si bien es un requisito para obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos del sector energético, representa un parteaguas en el reconocimiento de los Derechos Humanos y en la autodeterminación de los pueblos originarios; asimismo, un paso relevante en la modernización y el progreso del país, al reconocer, ante las autoridades y las empresas, los impactos sociales que conlleva el desarrollo de dichos proyectos.

El ejercicio de presentar EvIS, bajo los criterios establecidos en las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social, emitidas por la SENER, y como se establece en los Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica, representa una oportunidad para atender la problemática social vinculada con los proyectos energéticos. En este sentido, el INEEL ha realizado esfuerzos, a través de la integración de grupos multidisciplinarios, en pro del desarrollo de metodologías de EvIS, acordes con la política pública del Estado y basadas en las buenas prácticas internacionales, que permitan atender las consecuencias sociales del desarrollo del sector energético del país, con el fin de lograr un entorno biofísico y humano más sustentable y equitativo; respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblos originarios; desarrollo económico y beneficios sociales a largo plazo. Todo ello favoreciendo el tejido social de una democracia incluyente.

Autores:
Antonio Escamilla Paz, aep@ineel.mx
Erika García Galeana, erika.garcia@ineel.mx
Jorge Enrique Rivera Ortega, jerivera@ineel.mx
Josephine Mayela García Trujillo, jmgarcia@ineel.mx
Omar Aguilar Gama, oag@ineel.mx


Los autores agradecen al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), en especial al Dr. Diego Arjona Argüelles, por su esfuerzo y contribuciones en el desarrollo del programa de Energía Social dentro del INEEL; al M.I. J. Gerardo Montoya Tena y a la Dra. Luz María Sánchez Sánchez, por el apoyo otorgado para la realización de este trabajo de colaboración. Los autores aprecian las contribuciones particularmente significativas de los especialistas: Sonia Martínez Osornio, Yolanda Alejandra Gómez Nava, Favio Germán Yáñez Arroyo, Tamar Zehla Jiménez Velázquez, Enbrayra Alejandra Padilla Eguiluz y Diana Sofía Peniche Fuentes, ya que este artículo es también el resultado de su colaboración dentro del proyecto INEEL No. 14495: "Apoyo técnico para la organización y el análisis de la información de las Evaluaciones de Impacto Social del sector de la industria eléctrica y de energías limpias", por lo que merecen una mención especial.